2020-10-14 13:09:00

¿AFECTADO POR EL CONCURSO DE ACREEDORES DE DENTIZ ?

INFO IURE

¿eres uno de los afectados por la declaración en concurso de DENTIX?

 

Como todos sabreis la cadena de Dentistas a nivel Nacional Dentix anunció la semana pasada la declaración voluntaria del concurso de acreedores, como ya paso hace tiempo con la famosa IDENTAL, dejando a miles de personas con tratamientos sin terminar, garantías de servicios perdidas, créditos firmados etc...

la situación es complicada pero si existen cosas que como consumidores podemos hacer y lo primero de todo es poneros en manos de Abogados profesionales expertos en consumo que realicen todas las gestiones por vosotros de cara a preparar una buena estrategia procesal pero hay cosas que podeis ir avanzando :

- lo primero de todo si la clínica de vuestra ciudad continua abierta es interponer una reclamación por escrito obligando a los responsables a que os devuelvan una copia sellada por la tienda

- igualmente podeis plantear una reclamación ante la Oficina del Consumidor de vuestra localidad aportando toda la documentación de la que dispongais ( contrato, tratamientos, pagos... )

- en el caso de tratamientos financiados es muy importante que esa reclamación se interponga igualmente ante la entidad financiera solicitando conforme la normativa de créditos al consumo dejar de pagar las cuotas e incluso devoluciones de importes

- será necesaario en muchos casos contratación de periciales para certificar estado de los tratamientos, parte pendiente, ...

- igualmente será necesario en el caso de que tengais derecho a devolución de algún importe por garantías de tratamietnos que no se van a poder efectuar o cualquier otra cuestión que os personeis como acreedores en el concurso .

 

Como os decimos , dado la complejidad del asunto y siendo preciso la buena preparación desde el inicio de las reclamaciones, os aconsejamos contar con profesionales para lo que nos ponemos a vuestra total disposición desde INFO IURE, podeis pedir cita siendo la primera consulta gratuita 

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2016-12-02 12:33:00

DEVOLUCIÓN DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS

JAVIER GONZALEZ GRANADO

la sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario

La cláusula suelo, los intereses moratorios, los redondeos del tipo de interés y el vencimiento anticipado por impago son cuestiones sobre las que ya se han pronunciado los Tribunales (españoles y europeos) con decisiones que incluso han obligado a realizar cambios (en su mayoría precipitados e insuficientes) en nuestra legislación. Otras (como la fórmula de cálculo de interés 360/365, la necesaria retroactividad de la eficacia de la nulidad de la cláusula suelo y la obligación de los órganos judiciales de analizar la abusividad de las cláusulas en cualquier fase del procedimiento) están sobre la mesa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, visto el sentido de las conclusiones del Abogado General  (previas a la resolución del Tribunal) con toda seguridad, su decisión supondrá un nuevo varapalo a nuestro sistema hipotecario.

La cláusula de gastos.-

Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente.

Este es el tenor literal del primer párrafo de la cláusula cuya nulidad ha declarado el Tribunal Supremo quien, primeramente, destaca la llamativa extensión de la misma.  En efecto, la cláusula a partir de ese párrafo inicial recoge además la autorización del prestatario para que el Banco le cargue en su cuenta las cantidades necesarias para la inscripción de la hipoteca (y títulos previos) en el Registro de la Propiedad  y, en su caso, las cancelaciones de cargas preferentes y las que procedan por la preparación de antecedentes que deba realizar el Banco para el otorgamiento de la escritura de cancelación de hipoteca; se añaden también los gastos, en caso de impago, por la reclamación judicial y/o extrajudicial de la deuda incluidos honorarios de Abogado y Procurador aún cuando su intervención  no fuere preceptiva. Las cantidades así adeudadas al Banco devengarán intereses de demora y quedarán garantizadas con la propia hipoteca.

En definitiva, dice el alto Tribunal la cláusula pretende atribuir al consumidor todos los gastos derivados de la concertación y desarrollo del contrato, “supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto”.

Según la sentencia las normas de aplicación en esta materia son las recogidas en el artículo 89.3 Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios que califica como cláusulas abusivas, en todo caso:

-La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables (número 20).

-La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario (número 30).

-La estipulación por la que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (número 30, que se refiere a la  compraventa de viviendas, si bien, argumenta el Tribunal Supremo, la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que la cita  de este precepto es acertada)

- La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (número 30)

-Las que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados (número 40).

-Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación (número 50).

 

Gastos notariales y registrales

¿ cuales son los gastos que me pueden devolver?

El Tribunal Supremo argumenta que, en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución especial (art. 685 LEC).

En consecuencia, el Tribunal Supremo considera abusiva  la cláusula discutida porque:

1) no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral y

2)  hace recaer su totalidad sobre el hipotecante.

Ello provoca, según el Tribunal Supremo,  que se trate de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2 TRLGCU).

 

El Tribunal Supremo parte del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que dispone (al tratar de la modalidad Transmisiones Patrimoniales,  en la que el préstamo está exento) que  en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario; añade el artículo 15.1 del texto refundido que la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo.

Según lo dicho toda la carga impositiva recaería sobre el prestatario pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto en su modalidad de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

 

Por ello Tribunal Supremo entiende que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante.  De esta forma el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que la cláusula que impone al prestatario el pago de los tributos (la cuota gradual del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que paga la hipoteca en cuanto acto inscribible y la cuota fija -el timbre del papel de uso exclusivo notarial sobre el que se extienden las Escrituras matrices y sus copias autorizadas) vulnera normas imperativas, señaladamente el artículo 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva y por lo tanto nula la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

En este punto el Tribunal Supremo omite una norma que puede desmontar su argumentación en lo referente a la atribución al prestatario de los tributos y aranceles notariales (respecto de los cuales según la norma Sexta del Anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, dice que la obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales)

En efecto, el artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al determinar el contribuyente, dice que será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.

La norma desarrolla lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Impuesto y sitúa como sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de forma expresa (tal y como hace la Ley respecto del Impuesto de Transmisiones patrimoniales) y no acaba de entenderse su omisión en la línea argumental de la sentencia, a menos que se considere que, en realidad el Reglamento, se está extralimitando frente al silencio de la Ley, pero eso exigiría una declaración formal de nulidad de la norma reglamentaria.

 

Personalmente siempre me ha chirriado el artificio legal de considerar al prestatario como sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: aquí el gravamen recae sobre las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y es indiscutible que el derecho a inscribir es la hipoteca, titularidad del prestamista. La respuesta al cui prodest? es evidente en este caso, pero lo cierto es que mientras no se modifique o anule esa norma, sigue vigente.

 

Otros gastos

Se trata aquí de los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista.

El Tribunal Supremo parte de que los gastos del proceso están sometidos a normas imperativas (arts. 394 y 398 LEC, para los procesos declarativos, y  arts. 559 y 561 de la misma Ley, para los  de ejecución). Tales normas se fundan básicamente en el principio del vencimiento, y en el caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defecto procesal no subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido al efecto (art. 559.2 LEC), o cuando se estime algún motivo de oposición respecto del fondo (art. 561.2 LEC); y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente a las costas devengadas a su instancia.

Por consiguiente concluye el Tribunal Supremo, la atribución al prestatario en todo caso de las costas procesales infringe normas procesales de orden público, lo que comporta sin más su nulidad ex art. 86 TRLCU y art. 8 LCGC, pero además introduce un evidente desequilibrio en la posición de las partes, al hacer recaer a todo trance las consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sintener en cuenta ni la procedencia legal de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de moderación que la ley reconoce al Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de derecho.

Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de abogado y aranceles de procurador de los que se haya servido el prestamista, incluso cuando su intervención no sea preceptiva, la estipulación contraviene de plano el art. 32.5 LEC, que excluye tales gastos de la eventual condena en costas, salvo que el tribunal aprecie temeridad o que el domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en un lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. Por lo que, además de la falta de reciprocidad entre los derechos y obligaciones de las partes y la dificultad para el consumidor de valorar las consecuencias por desconocer en el momento de la firma del contrato el cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse la entidad contratante de tales profesionales sin ser preceptivo (actos de conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en reclamación de cantidad inferior a la establecida legalmente…), lo que de por sí sería suficiente para considerar la cláusula como abusiva, resulta correcta la declaración de nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 LCGC.

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2016-01-19 16:22:00

SUBVENCIONES PARA NUEVOS AUTONOMOS QUE CAPITALICEN EL PARO

INFO IURE

Si eres autónomo y piensas abrir un negocio y capitalizar tu paro optas a una nueva subvención de la Junta de Castilla y León

 

La Junta de Castilla Y León ha convocado subvenciones para aquellas personas que tengan prestacción de desempleo y capitalicen la totalidad de su paro para abrir un nuevo negocio dandose de alta como autónomos.

Las solicitudes se responderán según estricto orden de inscripción registral hasta el agotamiento de la suma destinada a estas ayudas. 

Serán subvencionables las cuotas satisfechas por el beneficiario al régimen de la Seguridad Social correspondiente, durante el tiempo en que se hubiera percibido la prestación por desempleo de no haberse reconocido la prestación en su modalidad de pagoúnico, correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y 31 de agosto de 2016, por alguno de los importes siguientes:

  • a) El 50% de la cuota al régimen correspondiente de la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia, calculada sobre la base mínima de cotización o de la que corresponda, si es inferior.
  • b) El 100% de la aportación del trabajador en las cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social por cuenta ajena.

 

 

Los plazos y los papeles que son necesarios presentar puedes consultarnolos directamente en nuestras oficinas y nos encargaremos de que se reconozca su derecho y obtengas hsata el 100% de la cuantía que pagaste a la Seguridad Social como autónomo

No dudes ponerte en manos de profesionales en la gestión fiscal y contable de tu negocio. Te estamos esperando 

 

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2015-12-14 16:15:00

¿¿Y SI CAE AQUI....??

legalitas

¿Y si me toca la Lotería de Navidad? Atento a estos diez consejos

 

Un año más y como ya es tradición, son muchos los hogares españoles que sueñan con escuchar su número cantado por los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. Sin embargo, tratándose de un sorteo en el que solo unos pocos serán afortunados, es necesario prestar atención a una serie de aspectos legales que resultarán fundamentales en caso de ser agraciado en la Lotería, tal y como explican dsde Legálitas.

Que el décimo sea auténtico

Es importante comprobar que el décimo tiene logo, código y todos los elementos de verificación para estar seguros de que podemos seguir soñando con el premio. Recuerda que los lugares autorizados para la venta se publican en la web oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de www.loteriasyapuestas.es

Compra por internet

Todavía son mayoría los que prefieren la compra en establecimiento físico, a ser posible de nuestro vendedor de toda la vida, de nuestra cafetería de todos los días o de todo aquel punto geográfico visitado, como si tal gesto aumentase inmediatamente las posibilidades. Sin embargo, también es posible adquirir lotería a través de internet.

En este caso, se deben tomar algunas precauciones adicionales. Antes de realizar el pago, debemos asegurarnos que navegamos en un entorno web seguro, aquel que comienza por “https://” o bien tiene un candado o una llave al pie. Cuidado con los correos electrónicos que pudieran llegar suplantando logos o símbolos de administraciones de loterías y que pueden pretender una estafa, recuerde que Loterías y Apuestas del Estado no vende lotería por Internet.

Desconfía también si te dicen que has ganado un premio y para cobrarlo debes pagar una tasa, o si te ofrecen décimos a precios muy bajos. Si compras a una Administración de lotería por internet, debes asegurarte que la web incluye datos identificativos de la empresa e información de contacto. Después de la compra, ésta debe hacernos llegar, normalmente por correo electrónico, un documento con firma digital (expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre) y el número adquirido. 

Décimo deteriorado

Igualmente importante es guardar nuestro décimo de forma segura y en lugar adecuado, puesto que, legalmente, si se llega a deteriorar o romper podemos tener problemas de cobro si hemos tenido la fortuna de que nos toque algún premio. Si nos ha ocurrido, y nuestro décimo deteriorado ha resultado premiado, debemos ir con él a Loterías del Estado para que nos lo autentifique.

Allí, después de facilitarnos un resguardo de su entrega, analizarán el documento y si tiene dudas de su autenticidad lo remitirá a la Casa de la Moneda para que lo verifique a través de los correspondientes procesos técnicos. Si todo es correcto, autorizarán el pago del premio. Recordamos que la dirección de Loterías y Apuestas del Estado es C/ Capitán Haya, 53 de Madrid.

Qué hacer si pierdes o te roban el décimo

Antes de que se celebre el sorteo debes poner una denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o ante el Juzgado de Guardia del lugar donde haya ocurrido el hecho. En la denuncia debes relatar todas las circunstancias del hecho, aportar las posibles pruebas que tengas –fotos del décimo o fotocopias– identificando claramente el documento: serie, fracción y sorteo.

Además, hay que notificar por escrito el hecho a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia conseguiremos paralizar el pago hasta que el juez resuelva. Si el premio es superior a 5.000 euros se podrá solicitar en el juzgado una orden judicial para que se paralice el pago del premio. Después enviaremos una copia de la denuncia y de la orden judicial paralizando el pago a Loterías y Apuestas del Estado, lo que podemos hacer a través de una Administración

¿Dónde cobrar el premio?

Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido que para cobros de premios inferiores a 2.500 euros, podemos cobrarlos el mismo día del sorteo, en los distintos puntos de venta de la red comercial, a partir del día siguiente al sorteo. Y para los premios iguales o superiores a esa cantidad, debemos ir a las entidades financieras habilitadas. El listado de estas entidades puede ser consultado igualmente en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Y si lo que tenemos es una participación?

Una de esas que compramos por compromiso, al compañero de trabajo que nos lo ofrece para que pueda ir su hijo a un viaje de fin de curso por ejemplo. En ese caso no podemos ir con nuestra participación a cobrarla a la administración de Lotería ni a la Entidad financiera colaboradora. Debemos llevárselo al emisor de la participación para pedirle la cantidad que nos haya tocado.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el premio?

Sí, también hay una fecha límite para el cobro del premio, ya que el cobro tiene un plazo de caducidad que es de tres meses a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado dicho plazo ya no podremos cobrarlo, por mucho que acreditemos ser portadores de un décimo premiado.

Si estamos casados ¿de quién es el dinero?

Si estamos casados en régimen de gananciales y a uno de los cónyuges le tocase la lotería, ese dinero obtenido como premio tendrá carácter ganancial, es decir, que será de los dos. Sin embargo, si estamos casados en separación de bienes el premio será propiedad exclusiva del que compró el décimo. ¿Y si nos estamos separando? Si los cónyuges están en periodo de separación, que suele preceder al divorcio, y uno de ellos comprase la lotería premiada, el premio sería para el cónyuge que comprase el décimo, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, esa separación debe ser seria, prolongada y demostrada. No bastaría una mera interrupción de la convivencia.

Fiscalidad del premio

Los premios otorgados por Loterías y Apuestas del Estado vienen tributando desde el pasado 1 de enero de 2013. La mecánica de tributación es sencilla, ya que es el mismo Organismo de loterías quien queda encargado del ingreso a Hacienda de tal suerte que cuando el afortunado reciba el premio, vendrá ya descontado el consabido 20% sobre la cuantía del premio que exceda de los consabidos 2.500 euros. No será necesario volver a incluirlo en la declaración de la renta, ni el premio, ni la retención, aunque sí los rendimientos que la cuantía económica o las inversiones realizadas con él. 

Por ejemplo, si decido comprar una casa y la alquilo, en la declaración de la renta habré de consignar la renta producida por el arrendamiento. Si en su lugar decido depositarlo y obtengo intereses, serán estos últimos los que habrá que declarar. Además en el aspecto fiscal debes tener en cuenta: ¿qué pasa si el premio es compartido?

Pues que el importe exento se calculará en función del número de personas que lo compartan, aplicándose el límite exento (2.500 euros) por cada uno de ellos. ¿Y si es una persona doblemente premiada? El gravamen se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiadas.

¿Puede ganar una sociedad?

Sí, puede. Si resultara afortunada una sociedad o persona jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, asociación, fundación, cooperativa, la tributación varía notablemente ya que no podrán aplicarse el límite exento, la cantidad resultante quedará integrada directamente en su base imponible del Impuesto de Sociedades descontándose de la cantidad que les resulte a pagar la retención que les han practicado. 

Décimo compartido

Según el último estudio publicado Investigaciones Sociológicas al respecto tres de cada cuatro españoles comparten décimo de lotería en navidad. Aunque tengamos confianza con las personas con las que lo compartimos, es conveniente ser prudente, ya que en ocasiones este tipo de acuerdos acaban en los Juzgados. Los décimos de lotería son al portador, por lo que, en principio, el premio lo recibe el que lo tiene en su poder.

Por eso, para prevenir que quien ha guardado el décimo caiga en la tentación de no repartir el premio, es conveniente cuando compartimos un décimo dejar plasmado documentalmente el acuerdo: basta una fotocopia del décimo con los datos y la firma de los que juegan y la cantidad que juega cada uno. A la hora de cobrar un décimo compartido premiado conviene identificar a todos los que comparten el premio para que la acción del que se encarga de cobrar el décimo y repartir el importe con el resto de los partícipes no se considere donación a efectos fiscales, y sometido al impuesto.

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